Fue el pistoletazo de la desconocida huelga de alquileres de 1931, en la que participaron hasta 100.000 familias. La organización sindical conquistó rebajas del 50% en los alquileres, así como la renuncia de los caseros a ingresar las mensualidades del periodo de huelga. Antes de la victoria, represión brutal. Las cárceles se quedaban tan pequeñas que los sindicalistas apaleados acabaron a bordo de barcos reconvertidos en calabozos improvisados. (View Highlight)
La España de los años treinta, cuarenta o cincuenta no era aún un país de propietarios, sino una sociedad de inquilinos: hasta los sesenta, la mitad de la oferta de vivienda en el Estado era en alquiler. Y en 1950 sólo uno de cada veinte madrileños o barceloneses poseía una. Hoy cuesta creerlo si atendemos al sinfín de titulares que lamentan que los españoles tengan una supuesta mentalidad de propietarios casi inscrita en su ADN. Pero las tornas iban a cambiar. Para 2007, el Ministerio de Vivienda estimaba que el 87% de los hogares españoles tenían al menos una vivienda en propiedad. ¿Cómo se produjo tamaña revolución? (View Highlight)
Estas palabras las pronunció José Luis Arrese, primer ministro de Vivienda de la historia española, en un discurso ante las Cortes franquistas. A finales de los años cincuenta, un nuevo peligro amenazaba con perturbar la paz social que el bando sublevado había ganado por las armas en la Guerra Civil. Unos doce millones de españoles (alrededor del 40% de la población de la época) cambiaron de casa entre 1951 y 1975, mayoritariamente en migraciones desde el arrasado campo hacia grandes polos económicos como Madrid, Barcelona o el País Vasco. Y, con ellas, aparecía el chabolismo y la potencial ingobernabilidad que hoy asociaríamos, por ejemplo, a las favelasbrasileñas. (View Highlight)
¿En qué se concretó esta divisa de Arrese? En una profunda intervención en el panorama inmobiliario. Mientras el franquismo desincentivaba el alquiler de vivienda, la ley de viviendas de renta limitada de 1954 posibilitó la construcción de millones de viviendas protegidas financiando el 60% de su valor. Con una particularidad: no se ayudaba directamente a los españoles. En su lugar, se subvencionaba a los operadores privados para levantar aquellos edificios de muchos pisos y baja calidad estética y técnica que rodean como un abrazo de ladrillo las grandes ciudades españolas. (View Highlight)
Son los llamados polígonos de vivienda. La España de los toldos verdes a la que pertenecen decenas de barrios del país desde el Polígono Sur de Sevilla, la Ciutat Meridiana en Barcelona hasta Aluche o Móstoles en Madrid. Estalló un auténtico boom de la construcción: entre 1961 y 1975 el II Plan Nacional de Vivienda construyó cuatro millones de pisos. Muchas fortunas de la era franquista que perduran hasta nuestros días son deudoras de estas ayudas. Para rematar, se creó el Banco Hipotecario de España, que compensaba el recelo de los bancos privados a conceder hipotecas de riesgo a las clases trabajadoras. (View Highlight)
En aquel hemiciclo hueco de soberanía popular, Arrese resumía a la perfección la búsqueda del régimen franquista del efecto desproletarizador. Según el pensamiento liberal clásico de tradición anglosajona, la sociedad tenía que ser una “república de propietarios”. Así se consigue inclinar a sus miembros hacia posiciones más conservadoras, pues estos pasan a buscar la protección de su patrimonio, generándose un consenso para políticas fiscales regresivas, como la abolición del impuesto de sucesiones. Exactamente lo que haría la primera ministra británica Margaret Thatcher en 1980 con su política del right to buy (‘derecho a comprar’). El franquismo, con su ocurrencia de crear vivienda subsidiada en régimen de propiedad en lugar de alquiler, como en otros países de Europa, inventó el thatcherismo veinte años antes de Thatcher. (View Highlight)
Con esta intervención franquista se encendían los fogones, nunca apagados, que cocinarían la paella de una economía española basada en ladrillo y turismo. Estos dos sectores se retroalimentan de un modo muy conveniente para su lucro, pero extremadamente dañino para el medio natural, sobre todo en zonas litorales. El “Spain is different” del ministro Manuel Fraga —el lema turístico por excelencia del franquismo— fue la carta a los Reyes Magos de los constructores hecha realidad. (View Highlight)
De golpe y porrazo no sólo se podían construir casas para los españoles (cuyo crecimiento poblacional pronto se estancaría), sino también como segundas residencias o alojamientos turísticos. Así pues, el potencial inmobiliario se expandía casi hasta el infinito, siempre que se consiguiera fomentar lo suficiente la llegada de turistas. Como escribe Jorge Dioni en El malestar de las ciudades: “La materia prima de España es España hasta que se agote”. (View Highlight)
España aprendió a construir y, para el final del periodo conocido como desarrollismo (1959-1974), cada año salían al mercado 400.000 viviendas nuevas cual churros de un puesto de feria. Si bien el país se convertiría en una democracia, nunca se produjo la transición de lo que podríamos calificar de franquismo inmobiliario. Entre 1999 y la crisis de 2007, cada año se iniciaban más de medio millón de nuevas viviendas. Resultado: hoy España es uno de los países desarrollados con más unidades habitacionales por habitante (más de quinientas por cada mil españoles), según datos de la OCDE. También hay tres millones de viviendas vacías y tres millones de segundas residencias, el parque más grande de Europa. Aun así, el mito de que solucionar el problema de la vivienda requiere de construir más goza de buena salud. (View Highlight)
En el periodo desarrollista se apuntaló una suerte de pacto entre el Estado y sus ciudadanos. Un pacto que, a diferencia de la Constitución, jamás se sometió a referéndum llegada la democracia. Los españoles tendrían un Estado del bienestar pobre y salarios anémicos en comparación con sus vecinos europeos. A cambio, se les dijo, tendrían una vivienda en propiedad. La vivienda de los españoles propietarios se convertiría así en un refugio para los periodos de vacas flacas. Si un aristócrata arruinado puede vender sus joyas o un pastor del Sahel sus reses, una trabajadora del hogar viuda española podrá vender su casa ante la insuficiente cuantía de su pensión de jubilación. Aunque no es el único factor, tampoco es casualidad que los países con mayores tasas de propietarios tienden a tener Estados del bienestar más débiles. (View Highlight)
Sin embargo, los arquitectos del sistema de la sociedad de propietarios olvidaron un detalle: los ciudadanos se convertirían en rehenes de las variaciones del precio de la vivienda. Tan impotentes ante esta variable macroeconómica como un agricultor frente a la lluvia. (View Highlight)
Con la llegada de la democracia, el Estado fue abandonando su tradicional papel de subvencionador de vivienda protegida en propiedad. Aun así, se siguió fomentando la propiedad en detrimento del alquiler a través de deducciones fiscales. Si a principios de los años noventa el 50% de la inversión en vivienda del Estado se hacía a través de esta fórmula, para 2003 era el 80%. (View Highlight)
Además, se desreguló el acceso al crédito. En los años ochenta, el Banco Hipotecario de España dejó de tener el monopolio de las hipotecas, que empezaron a firmarse con bancos privados. Se extendió su duración y su cuantía, y, con la bajada de los tipos de interés, los españoles se endeudaron como nunca antes. Entre 1994 y 2007 el endeudamiento hipotecario se multiplicó por doce. Aproximadamente en el mismo periodo se construyeron nada menos que seis millones de viviendas. (View Highlight)
Entonces estalló la burbuja. La España de los propietarios había llegado a su clímax —87% en 2007— a la vez que el modelo saltaba por los aires. En dos años, el desempleo pasó de un 8% a un 18%, y luego a un 27%, Y de repente, el precio de la vivienda, el principal activo de las familias del país, empezó a bajar. Justo cuando más falta hacía, aquel refugio que el franquismo le había prometido a los españoles ya no servía de paraguas. El joyero estaba vacío; las reses, muertas. Ya no era posible pagar la hipoteca. En los cinco años siguientes a 2007 hubo doscientos desahucios cada día. En 2009 nacía en Barcelona la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. El mismo año en que llegaba a España otra plataforma, esta de alquiler vacacional: Airbnb. (View Highlight)
El sueño español era una versión adaptada del sueño americano. En vez de una casa con jardín y un golden retriever en las afueras, Franco había prometido un pisito en un bloque de apartamentos. Pero ese horizonte se había esfumado de la noche a la mañana con la crisis. Las nuevas generaciones de españoles tenían que volver a un modelo que consideraban muerto y enterrado: el alquiler. ¿Qué ofrecía a quienes no podían acceder a la vivienda este formato? (View Highlight)
Poca cosa. La apuesta por la vivienda en propiedad había supuesto una apuesta paralela por transformar el alquiler en algo residual. Es decir, no es que los españoles no quisieran alquilar, sino que el Estado se había esforzado por convertirlo en algo poco atractivo. En 1985 el primer gobierno del socialista Felipe González había aprobado el llamado Decreto Boyer, en honor al entonces ministro de Economía. Este decreto permitía las subidas de precios de los alquileres urbanos, que estaban sometidas a un fuerte control de precios a través de fórmulas como la renta antigua. (View Highlight)
Para más inri, el Decreto Boyer dejó de obligar a los caseros a prorrogar el contrato a sus inquilinos si estos así lo deseaban. Una década más tarde, otro decreto introduciría la posibilidad de contratos de sólo un año de duración. Así las cosas, cuando a los españoles —en especial jóvenes— se les cerró la puerta de la propiedad y tuvieron que llamar al timbre del alquiler, se encontraron con un mercado desregulado y con unos derechos muy mermados para los inquilinos. (View Highlight)
¿Quién compra vivienda hoy en España? En su mayoría, dice el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona en su último informe, personas físicas y jurídicas con patrimonios ya muy elevados. En 2023 y 2024, casi el 60% de compras de vivienda se hicieron al contado, sin hipoteca, incluyendo las de los grandes fondos de inversión; y otro 15% las realizaron extranjeros que ni siquiera residen en el país. En el dorso de la moneda, la población inquilina ha aumentado de un 13,5% de hogares en 2007 a casi un 19% en 2023. (View Highlight)
El salto es aún más acusado en las grandes ciudades, con sus desorbitados mercados inmobiliarios. En Barcelona el 44% de los hogares ya viven de alquiler. Y para completar la imagen: sólo tres de cada diez inquilinos actuales en Madrid y Barcelona esperan heredar; los que lo harán, tendrán en muchos casos herencias de poco valor o también se verán obligados a compartirlas. En todo caso, supondrán un nuevo factor de desigualdad frente a quienes no hereden. (View Highlight)
A diferencia de los inquilinos que se declararon en huelga en Barcelona en 1931 —o los de Tenerife, que lo hicieron en 1933—, en la actualidad quienes viven de alquiler tienen que competir con la especialización turística del país. El sector turístico, cocinado al calor de la subvención de la construcción de vivienda es, irónicamente, responsable de que miles de unidades habitacionales hayan cambiado el uso para el que fueron concebidas. El cálculo está claro: es más rentable alquilar un piso a un turista o a un nómada digital (una forma de turismo de larga duración) que a un residente. Y los lugares turísticos coinciden, poco casualmente, con los lugares con una mayor oferta de trabajo. Es decir, donde los españoles quieren vivir. (View Highlight)
Las consecuencias son palpables. En los inicios del siglo XX que vieron la huelga de alquileres de Barcelona, el 95% de la población vivía de alquiler y este suponía sólo un 10% del gasto familiar de los barceloneses. Pero hoy, el español medio tiene que dedicar el 41% de su sueldo al pago del alquiler en una suerte de impuesto a los pobres, una cifra que se dispara entre los jóvenes, en las capitales y las costas. En la misma Barcelona, de hecho, el alquiler medio lleva tiempo por encima del salario mínimo, con una reciente contención gracias a la entrada en vigor de la regulación de alquileres en Cataluña. (View Highlight)
Así pues, estamos viendo una vuelta a los años treinta. En 2017, nacieron el Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Ambos acumulan miles de afiliados en menos de una década. Otras entidades similares espolvorean otros puntos calientes de la geografía peninsular e insular. Precisamente, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ya anunciaba el regreso al pasado en la convocatoria a una manifestación programada para el domingo 13 de octubre: “Se acabó el tiempo de los políticos: a por la huelga de alquileres”. ¿Morirá de una vez por todas el franquismo inmobiliario? (View Highlight)
